Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
Para empezar, Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz deben irse. Carecen de lo indispensable para cumplir la labor para la cual fueron contratadas por el gobierno mexicano (mismo que les ha dado a los “expertos” de la CIDH más de dos millones de dólares de los contribuyentes): probidad.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pagado por el gobierno de México, mintió al decir que había obtenido imágenes satelitales del día 27 de septiembre del año pasado, en las que se prueba que no hubo un incendio en el basurero de Cocula.
Los responsables de la masacre de Iguala no son sólo José Luis Abarca, policías municipales e integrantes de Guerreros Unidos. También hay responsabilidad en aquellos que enviaron a los normalistas de Ayotzinapa a Iguala y sabían que al menos varios de ellos podrían ser asesinados.
La opinión de José Torero de que en el basurero de Cocula no hubo la incineración de normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, no se basó en evidencias ni en razonamientos científicos y técnicos, sino en la decisión tomada de antemano por los “expertos” de la CIDH de que debía desacreditarse a como diera la investigación realizada por la PGR.
Cuando los “expertos” de la CIDH dijeron que disponían de fotos satelitales de la NASA que se demostraban que entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo “incendio” en Cocula, mintieron. Las fotos, que no han mostrado por cierto, lo único que demuestran es lo que ya se sabía: que había cielo nublado y por tanto no había forma de ver lo que había debajo de las nubes.
En 2007 la clase política cometió verdadero liberticidio cuando aprobó una reforma electoral que expulsó de la política a los ciudadanos, al prohibirles contratar tiempo en radio y TV para expresarse sobre asuntos políticos, se estuviera o no en medio de procesos electorales.
