Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
A 23 años del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez aseguró que la muerte del sacerdote fue, presuntamente un crimen de estado, orquestado por el entonces procurador Jorge Carpizo y ejecutado por el jefe de la Policía Judicial, Rodolfo León Aragón.
Durante sus primeros seis meses en México los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) simularon que hacían el trabajo para el cual fueron contratados y para el cual recibieron 2 millones de dólares: el de brindar asistencia técnica en la búsqueda de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y contribuir a esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Existe un sujeto con un poder político y criminal tan descomunal como para obligar al Presidente de la República a que lo proteja a cualquier costo. Ese sujeto es un verdadero emperador, pero de costumbres austeras porque tiene su castillo en el modesto municipio de Huitzuco, Guerrero, de apenas 40 mil habitantes.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y Ojo Ciudadano presentamos ante la PGR una denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude por un monto de entre 1.25 y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación.
De no mediar una tragedia, la narrativa de la izquierda sobre los hechos en Iguala sería de risa loca, una comedia absurda, aunque muy cara (a un costo mucho mayor a los 2 millones de dólares).
Nadie cree que estén vivos los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en primer lugar los que dicen “vivos los llevaron, vivos los queremos”.
