Felipe Calderón afirmó que la sublevación en Chiapas de enero de 1994 fue resultado de la pobreza que imperaba en el estado. Su afirmación es completamente errónea.

Ni ahí ni en ningún lugar del mundo guerrilla y terrorismo son causados por la miseria material. Lo son, sí, por la miseria moral, la torcida ideología y la capacidad conspirativa de los involucrados, así como por la incapacidad de los órganos de seguridad del Estado para prevenir la subversión.

Desde la administración de Carlos Salinas y hasta ahora los gobiernos han seguido una política de apaciguamiento ante los grupos terroristas: dejar impunes sus crímenes con la esperanza de que no cometan muchos más.

En tal sentido en los últimos 20 años estos grupos han perpetrado en México unos 250 plagios y obtenido por rescates más de 150 millones de dólares. Uno de esos secuestros habría sido el cometido contra Eduardo García Valseca, quien entre 2007 y 2008 estuvo cautivo por más de siete meses y fue sometido al trato más cruel.

La versión de que Eduardo fue plagiado por terroristas fue ofrecida primero a su esposa, Jayne, por funcionarios de la Policía Federal y luego a él mismo. La versión parecía plausible. Y para lograr la captura de los presuntos terroristas plagiarios el matrimonio García Valseca aportó a los funcionarios federales diversas evidencias recabadas. Sin embargo, hasta el momento los secuestradores siguen impunes; en este caso la policía -que está bajo el mando del Presidente Calderón- se ha probado extraordinariamente inepta.

A inicios del presente año, ante los reclamos de justicia de Eduardo y su denuncia a la impunidad, un grupo terrorista sospechoso de haberlo secuestrado negó su autoría y acusó a la Policía Federal de haber cometido el plagio. La versión no es descabellada, sino incluso plausible.

Policías corruptos podrían haber visto una oportunidad de cometer un plagio con impunidad garantizada ¿Por qué? Porque sólo un puñado de sujetos autores de 7 de los 250 secuestros atribuibles a los terroristas, han sido detenidos en 20 años.

Pero independientemente de quienes sean los autores, el Presidente Calderón está obligado a hacer que su policía detenga a quienes secuestraron a Eduardo…no a chivos expiatorios.

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