La CNDH bajo Luis Raúl González Pérez opera como un aparato de propaganda -financiado con recursos públicos- para presentar a México como un país en el que se violan los derechos humanos en forma generalizada y sistemática. Vamos, como en Corea del Norte, Siria, Cuba, Arabia Saudita o Venezuela.

¿Qué fin persigue toda esta propaganda que se desarrolla dentro y fuera del país? Pues muy sencillo: promover la intervención de potencias extranjeras para suplantar las instituciones nacionales con un tribunal internacional que persiga y castigue los “crímenes de lesa humanidad” de los “gobiernos neoliberales” o una oficina de protectorado neocolonial como es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La campaña se basa en fabricar y propalar mitos como: el asesinato de decenas de miles de personas por parte del Ejército (en realidad las víctimas de la violencia entre narcos), 28 mil “desaparecidos”, la práctica generalizada de la tortura y la muchedumbre de desplazados “por el conflicto interno” cuyo número los propagandistas calculan desde los 35 mil hasta ¡más de millón y medio!

Me dueles México, con tus millones de refugiados internos... inventados

Ya en 2011 la propagandista Sanjuana Martínez en su libraco “La frontera del narco” daba rienda suelta a su imaginación sicótica.

“¿Cómo medir los efectos de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón?"

“En el norte de México podemos encontrar algunas respuestas. Con 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados, la guerra ha causado una estela de terror y dolor”.

En 2011 también sedicente la empresa de encuestas Parametría dejó ir más lejos la imaginación sicótica. Con base en una supuesta encuesta concluyó que a mayo de ese año había “1 millón, 648 mil, 387 ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado” en México. Y Parametría llegó a esta conclusión porque el 17% de los entrevistados dijo haber cambiado de residencia en los últimos cinco años (entre 2005 y 2010) debido a “la violencia”.

Pero cuando se analizan las cifras de cambio de residencia del INEGI entre 2005 y 2010 en el país resulta que sólo lo hicieron 753,814 personas. Suponiendo que todas ellas fueran víctimas de desplazamiento forzado ¿de dónde sacó Parametría las otras 894,573 que ni siquiera cambiaron de lugar de residencia o de dónde sacó Martínez las suyas? ¡Pues de su infatigable imaginación al servicio de la mentira! Pero una mentira muy mal hecha, por cierto, que no se sostiene al menor examen.

Además todas estas cuentas alegres (y las muchas que siguieron en años posteriores) se basan tanto en la trivialización del desplazamiento forzoso como en la falta de la menor evidencia sobre la ubicación de los supuestos desplazados.

Los desplazados internos no son personas que decidieron cambiar de residencia, sino personas que huyeron dejando atrás todo: casas, tierras, medios para ganarse la vida y en general aquello que no puedan cargar en sus manos. Estas personas sufren un proceso veloz y drástico de pauperización: si eran pobres, de pronto lo son mucho más de lo que habían imaginado.

A los lugares donde huyen no hay viviendas esperándolos, ni trabajos, ni nada. Los desplazados internos como los refugiados son, por su hacinamiento, por su miseria, por su miedo, demasiado visibles como para que a los habitantes de un país les pasen desapercibidos. Además, los desplazados no huyen individualmente, sino en grupos de familias completas, de comunidades completas. Dejan tras de sí aldeas fantasmas, pueblos fantasmas, ciudades fantasmas. Sólo mediante la ayuda internacional esas personas logran sobrevivir.

¿Dónde están esos cientos de miles o más de millón y medio de desplazados?

En México sí ha habido desplazados como resultado de la violencia de los narcos. Durante la cresta de la ola de la violencia (2008-2011) los casos más severos se presentaron en los municipios de Praxedis G. Guerrero (Chihuahua) y Mier (Tamaulipas) cuando por meses la mayoría de sus pobladores fueron obligados a dejar sus lugares de residencia. Ha habido también desplazamiento temporal en pequeñas comunidades rurales de Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. Actualmente hay personas expulsadas en la Sierra Tarahumara.

Pero el número de desplazados es mucho menor al que indican incluso las estimaciones más conservadoras de la propaganda.

Tengo en mi jardín una ranita mágica que me revela toda la verdad

De todas las piezas de propaganda y cálculos de supuestos desplazados internos la menos exagerada, pero igualmente mendaz es la de la CNDH de Luis Raúl González Pérez.

La CNDH en mayo de 2016 difundió su “Informe especial sobre el desplazamiento forzado interno (DFI) en México”.

La CNDH de González Pérez pudo localizar y entrevistar a 1,784 personas que se dijeron víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales 1,248 señalaron como causa los desastres naturales y 536 la violencia. A su vez de estas 536 un total de 441 culparon específicamente a la violencia de los grupos criminales.

Sin embargo la cifra de presuntas víctimas de desplazamiento interno brinca de 1,784 a 35,433, porque la CNDH incluye “Personas víctimas de DFI referenciadas por terceros” y entre esos terceros están autoridades públicas.

De los 35,433 supuestos desplazados el 56% correspondió a los 20,000 de Tamaulipas. Y ¿de dónde surgió esta cifra mágica? Pues la CNDH de González Pérez fue tan gentil de explicarlo:

“De acuerdo con acta circunstanciada levantada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de agosto de 2013, dos visitadores adjuntos se entrevistaron con un servidor público municipal de Nuevo Laredo, quien en torno al DFI de personas afirmó que “el fenómeno del desplazamiento interno de personas que se ha presentado en Nuevo Laredo Tamaulipas, deriva de los conflictos armados entre diversas bandas del crimen organizado y/o las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano, estimando que desde el año 2001 al 2012, han abandonado la localidad 20,000 personas, debido al alto índice de violencia registrado en la zona que derivó en afectaciones de propiedades e integridad física de los habitantes, aun cuando éstos no pertenecían a grupos de la delincuencia organizada (…)”.

Vemos según los dichos de un “servidor público municipal de Nuevo Laredo”, que lo mismo pudo ser la Presidencial Municipal que un trabajador de limpia del municipio. La CNDH se saca de la manga la cifra de 20 mil desplazados, la cual le parece consistente con notas periodísticas que hablan de casas abandonadas (a pesar de que esas casas de interés social abandonadas las hay por cientos de miles en todo el país por causas que nada tienen que ver con la violencia).

El extraño caso de los desplazados que no huyen de, sino van a las “zonas de guerra”

Pero la cifra de 20 mil personas desplazadas de Nuevo Laredo se contradice con toda suerte de indicadores disponibles. Según el INEGI el municipio no perdió, sino que ganó habitantes año tras año, tanto por nacimientos como por la llegada de personas provenientes de otros municipios de Tamaulipas o de otros estados.

En 2000 los habitantes de Nuevo Laredo fueron 310,915, en 2005 fueron 355,827, en 2010 fueron 384,033 y en 2015 fueron 399,431.

Es falso afirmar, como supuestamente hizo el oráculo consultado por la CNDH, que en Nuevo Laredo la violencia fue igual a lo largo de los últimos 15 años. Entre 2001 y 2009 el promedio anual fue de 55 homicidios, si bien en 2005 hubo 158 y 173 en 2006, por un intento del Cártel de Sinaloa por arrebatarle la “plaza” al Cártel del Golfo. La peor fase de la violencia se vivió entre 2010 (144 homicidios) y 2013 (171) y en 2012 se llegó a la cifra de 544 homicidios.

Asimismo si se revisan los registros del seguro social de 2009 a 2015, las cifras no decayeron sino que siguieron subiendo año tras año, incluso en medio de la crisis económica (2009-2011) y la fase de mayor violencia (2010-2013).

Las cifras de la CNDH son un invento. Así miente la CNDH de González Pérez. Y no miente sólo en este caso, sino en todos los casos más importantes (Tlatlaya, Tanhuato).

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