Está de moda salir a las calles a exigir la renuncia de gobernantes y funcionarios. Los paristas del Instituto Politécnico Nacional pidieron y obtuvieron la destitución de la directora general, la doctora Yoloxóchitl Bustamante.

Otros manifestantes exigieron la renuncia del gobernador constitucional de Guerrero, Ángel Aguirre, y después de una resistencia de varias semanas el mandatario finalmente pidió una licencia indefinida.

¿Se arregló algo en estos conflictos? Nada. El paro del Politécnico dura ya más de 50 días y los alumnos han perdido el semestre. El gobernador Aguirre fue reemplazado por Rogelio Ortega, un académico de izquierda de la Universidad de Guerrero, que tuvo lazos con grupos guerrilleros. Ortega nombró de inmediato como secretario de Educación al veterano izquierdista Salvador Martínez della Rocca, El Pino, pero el movimiento de Ayotzinapa se ha negado a tratar con ellos a pesar de que ya ofrecieron plazas automáticas a los normalistas.

De hecho, la situación de ingobernabilidad que se manifiesta en la impunidad de los bloqueos y ataques a edificios públicos y comercios privados ha aumentado en vez de disminuir tras la licencia del gobernador.

Una vez obtenidas las primeras renuncias, se han multiplicado las exigencias para otras. Las movilizaciones del movimiento de Ayotzinapa demandan ahora la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del procurador general, Jesús Murillo Karam.

En la UNAM grupos de encapuchados y de estudiantes piden la renuncia del rector, el doctor José Narro Robles. En el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, apoyado por René Bejarano, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, los perdedores de la reciente elección interna del partido, exigen la renuncia del nuevo presidente, Carlos Navarrete.

Éstas no son exigencias de justicia. Son simples intentos por obtener cargos políticos. Es un quítate tú para que me ponga yo o para que se ponga el que yo quiero. Los grupos que han perdido elecciones o procesos de selección buscan obtener a través de las movilizaciones lo que no consiguieron por los métodos establecidos. Es el esquema que utilizó Benito Mussolini en su marcha sobre Roma del 27 al 29 de octubre de 1922 para obtener el poder político que los italianos le negaron en las urnas.

Yo rechazo las prácticas fascistas. Estoy convencido que, a pesar de sus defectos, los procedimientos democráticos son los mejores para definir cargos de gobierno y de dirección de partidos. Para los puestos de dirección de universidades públicas, prefiero la selección por cuerpos colegiados académicos, como la Junta de Gobierno de la UNAM.

En todo caso, sin embargo, los cargos de elección popular no deben ser renunciables más que por causa grave, como lo señalan tanto la Constitución nacional como la del estado de Guerrero. Las movilizaciones de grupos de poder no deben forzar renuncias ni imponer gobernantes.

Yo no voté por el PRI, pero el partido obtuvo el triunfo nacional en una elección democrática repleta de salvaguardas y considerada limpia por el IFE y la mayoría de los observadores nacionales e internacionales. En mi ciudad ganó en la misma elección el PRD con Miguel Ángel Mancera como candidato. Si los gobiernos han fallado, los votantes deben castigarlos en las urnas. De hecho, ya la aprobación del Presidente y del jefe de Gobierno ha venido cayendo.

Dejar que los gobernantes sean seleccionados y destituidos no por el sufragio libre sino por movilizaciones, bloqueos y agresiones de grupos de poder es condenarnos a todos a la ley del más fuerte. La democracia mexicana podrá tener todos los males que uno quiera, pero los golpes fascistas no ayudarán a resolverlos.

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