El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) se conduce con opacidad y su función no ha contribuido a mejorar el panorama de violencia que experimenta actualmente el País , denunciaron integrantes de diversas asociaciones civiles.

"El Consejo ha mantenido un esquema de autoevaluación que no ha dado los resultados adecuados (...) se ha convertido en una mesa de trámite de decisiones. Al Consejo llegan acuerdos que se tomaron fuera de la deliberación pública, esto significa que el Consejo tiene dos espacios: uno visible y otro invisible, donde los acuerdos ya fueron tomados", sostuvo Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

"La vida de este Consejo transcurre en el mismo momento de la peor crisis de seguridad y violencia que ha tenido el País en su etapa contemporánea, algo anda muy mal cuando tenemos instalado todo un sistema de seguridad nacional y no logramos los resultados esperados".

En tanto, María Elena Morera, líder de Causa en Común, afirmó que el Consejo no brinda información sobre el seguimiento a los acuerdos pactados.

"De cientos de acuerdos que se han tomado desde que inició el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Sistema, no podemos ver en la página de internet qué ha pasado con estos acuerdos, cuál es el análisis de estos acuerdos, en qué han cumplido, en qué no han cumplido", denunció Morera.

"Me parece que es fundamental pensar en estos momento hacia dónde vamos a llevar la seguridad en este País. Funciona, pero no creo que funciona como debería de funcionar, se reúnen los gobernadores, toman acuerdos, pero después no hay un seguimiento puntual de estos acuerdos, no tenemos cifras realmente actualizadas".

El Consejo es el máximo ente del País donde se toman las decisiones en materia de seguridad y justicia, es liderado por el Presidente de la República y entre sus integrantes están los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y los jefes de ejecutivos locales.

Debido a que no existe representatividad de la sociedad civil en este Consejo, desde septiembre los activistas turnaron una iniciativa a los legisladores en la que proponen reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incluir a cinco consejeros ciudadanos.

Esta inclusión, afirmaron, se traduciría en la rendición de cuentas del Consejo, el seguimiento a los acuerdos y la proposición de nuevos proyectos.

"La iniciativa está orientada a asegurar una voz ciudadana, permanente y autónoma, que enriquezca el debate público sobre la problemática, promover la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública, en los tres niveles de gobierno y que los ciudadanos cuenten con información imparcial y estratégica para evaluar el cumplimiento de las grandes metas de la política pública en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno", mencionó Silvia Aguilera, del Centro de Colaboración Cívica.

"Se perfeccionaría muchísimo el Consejo si tuviéramos a la sociedad involucrada, aprobando, votando", agregó Orlando Camacho de México SOS.

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