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Gerardo Becerra Chávez Hita, vocero de la coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, ratificó su denuncia en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, por presunto peculado y uso indebido de funciones.

Acompañado por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Chávez Hita acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en la capital del país, para ratificar su denuncia luego que mencionó que el gobierno de Morelos utilizó indebidamente recursos por más de 2 mil 800 millones de pesos en gastos no autorizados.

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El presente estudio busca establecer un panorama comparativo sobre la violencia en los municipios, que en su mayoría son predominantemente urbanos, de más de 100 mil habitantes. Este es el tercer año en que presentamos el estudio. El anterior se refirió a lo sucedido en 2013.

Al igual que hace un año incluimos el índice de violencia por entidad federativa, con similares características al de los municipios, salvo que no existe el requisito de determinada magnitud de población. Se incluyen las 32 entidades federativas.

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Pelo quarto ano consecutivo, a cidade hondurenha de San Pedro Sula, com uma taxa de 171,20 homicídios por cada 100 mil habitantes, ocupou o primeiro lugar entre as 50 cidades (com 300.000 ou mais habitantes) mais violentas do mundo.

Em 2014, como em 2013, Caracas e Acapulco ocuparam as posições 2 e 3, com taxas de 115,98 e 104,16 homicídios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

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For the fourth consecutive year, the Honduran city of San Pedro Sula has a rate of 171.20 homicides per 100,000 citizens overall, so it tops the world in the 50 most violent cities (with 300,000 or more inhabitants).

Both in 2013 and 2014, Caracas and Acapulco ranked the positions 2 and 3 with a rate of 115.98 and 104.16 homicides per 100,000 residents, respectively.

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Por cuarto año consecutivo la ciudad hondureña de San Pedro Sula con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes ocupó el primer lugar entre las 50 urbes (de 300 mil o más habitantes) más violentas del mundo.

En 2014, como en 2013, Caracas y Acapulco ocuparon las posiciones 2 y 3, con tasas de 115.98 y 104.16 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

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El repunte de la violencia en los últimos diez años en Guerrero no fue sólo resultado de la escalada en las disputas entre los grupos criminales. Para que este estado llegara a donde llegó, para que llegara hasta los hechos de Iguala el 26 de septiembre de 2014, debieron sumarse otros tres factores:

• La expansión de los grupos criminales hacia a delitos del fuero común en busca de rentas provenientes de actividades lícitas y ya no sólo del narcotráfico.
• La colusión de gran parte de la clase política local con los grupos criminales, a los cuales hicieron partícipes de sus propias pugnas.
• La feroz lucha por el poder político en el seno de la izquierda que ha gobernado el estado desde 2005.

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La crisis de inseguridad que ha sufrido por años el estado de Guerrero es tan grave que ha terminado por estallar como una crisis nacional, con repercusiones internacionales.

La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala y el asesinato de seis personas más no es un hecho extraordinario e inesperado, sino la lógica consecuencia de la larga tradición de violencia que Guerrero ha sufrido, pero que se agravó en los últimos diez años como consecuencia de la colusión de la mayor parte de la clase política local con los grupos criminales y de la feroz pugna entre facciones políticas, sobre todo en el seno de la izquierda, la cual está por cumplir una década en el poder.

Desde antes de los terribles acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, nos habíamos dado a la tarea de estudiar la crisis de seguridad en Guerrero ante los signos evidentes de descomposición, pero a partir de esos sucesos se tornó urgente completar el diagnóstico que ahora exponemos y las consecuentes propuestas de solución.

Este informe se basa en un análisis exhaustivo de fuentes de información pública más testimonios de testigos privilegiados. Consta de cinco apartados.

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El proceso de sucesión de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que alude el “Documento 1” o “BG20”, en efecto tuvo lugar en 2002, como es públicamente conocido. Los candidatos contendientes fueron Nelson Valle, Alberto Saldaña y Rogelio Ortega Martínez.

El ganador fue Nelson Valle, al que el documento alude como el candidato del rector “Florentino”, es decir, de Florentino Cruz Ramírez, rector de la UAG entre 1999 y 2002.

El “Rogelio” que se alude en el mensaje no puede ser otro que Rogelio Ortega Martínez.

Ortega Martínez en principio no reconoció su derrota en la elección celebrada el 12 de marzo de 2002 y el 6 de abril de 2002 mientras que el candidato triunfador tomaba posesión como rector, Rogelio Ortega Martínez participó en una farsa en el cual se proclamó “Rector Moral” y quien le tomó la protesta fue Pablo Sandoval Cruz (ya fallecido y quien era el padre del actual diputado federal por el PRD Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien a su vez aparece en numerosas comunicaciones de “Raúl Reyes” como un activo colaborador de las FARC).

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Al Senado de la República: Tener a bien adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales, a fin de que se analice la situación que impera en el estado de Guerrero, detallada en el presente Informe Especial y propiciada por el abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos, que ha generado una afectación en la vida de los guerrerenses al impedir la plena aplicación del orden jurídico.

Al Gobernador Ángel Aguirre Rivero: Establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y abonar a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa.

Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado de Guerrero, llevando a cabo acciones efectivas de prevención del delito y realizando con debida diligencia las investigaciones y acciones de procuración de justicia necesarias, abatiendo la inacción, colusión e impunidad de los servidores públicos.

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La situación de violencia y delito que padece Tamaulipas es la peor que esté viviendo o haya vivido entidad federativa alguna de México en tiempos de paz y de las peores se hayan tenido lugar en el mundo en las últimas décadas, respecto a delitos como el secuestro y la extorsión.

La imagen de esta situación no es la que tiene la gran mayoría de quienes no viven en Tamaulipas y por tanto no enfrentan cotidianamente -como los tamaulipecos- el horror de la opresión a manos de los grupos criminales.